Según una información elaborada por los Servicios Informativos de Popular María+Visión, una comparación entre el articulado de la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y las comparecencias de los expertos de la subcomisión de igualdad para la elaboración de la ley, refleja que el Gobierno sólo ha contado con la opinión de los expertos que pedían una ley de plazos; expertos llamados a consultas por el PSOE.

El 18 de noviembre de 2008 compareció en la subcomisión Guillermo Sánchez Andrés, presidente del Consejo de Administración de la Clínica Dator, un centro privado que practica abortos desde 1986. En su intervención destacaba, literalmente, que “según nuestros datos, las interrupciones de embarazo en menores se producen generalmente a los 16 años, dato que creo que es importante que sus Señorías tengan en cuenta a la hora de elaborar la futura ley”. Y la ley lo tiene en cuenta. En su articulo 13 al reconocer el aborto en menores a partir de los 16 años: “En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen aplicable a las mujeres mayores de edad”.

Solo una semana después, el 25 de noviembre, intervenía también a petición del PSOE, Vicky Claeys aseguraba: “cuando se trata de una mujer muy joven, el consentimiento parental no es siempre lo más óptimo porque la relación con los padres a lo mejor no es tan buena”. Así lo recoge la ley también en su artículo 13, apartado cuarto al afirmar: “se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto provocará un conflicto grave”.
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